LO DIJE MESES ATRÁS

    En diciembre del 2016 yo escribía una serie de tres artículos sobre la Enmienda Constitucional, tema que había sumergido al país en una fuerte crisis política, con opiniones de todo tipo; como la que emitió luego de la sesión irregular en el Congreso, el Dr. Lezcano Claude, exministro de la Corte Suprema de Justicia, el cual en una conferencia realizada ese año en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción decía que “lo que la mayoría decide, hay que respetar; sin importar las formas”, mostrándose claramente a favor de los golpistas; queriendo disfrazar normas jurídicas, algunas reglamentarias y otras constitucionales, como si fueran simples “formas”. Ante esto el Dr. Jorge Seall (respetado constitucionalista), el cual era otro de los conferencistas aquella noche, no pudo más que enervarse, gritarle unas cuantas cosas, y retirarse ofendido del lugar. Le dolía el hecho de que nos quieran tomar por tontos.

Lo que quiero destacar en este artículo es que meses antes de que la crisis llegara a su clímax, con la quema del Congreso Nacional, yo había concluido que no había una manera legal de que el oficialismo lograra evadir los dictámenes de las comisiones, los cuales eran necesarios para tratar de vuelta la Enmienda. En aquella ocasión lo dije bien claro: para evadir a la Comisión, a la cual llamé “nuestro cerrojo constitucional”, necesitaban de una mayoría que no tenían. Para ser más concretos, tenían que convertir el pleno en Comisión, y para ello necesitaban una mayoría de 2/3, inalcanzable en aquel momento; por lo que la única opción era el atropello.

Luego de concluir eso, desarrollé una hipótesis con dos posibles soluciones; si de manera arbitraria lograban que el pleno se convierta en Comisión e introducían una enmienda ilegal (ilegal no porque no sea la vía, pues concluí que , mínimamente, era discutible jurídicamente ese argumento), teníamos dos salidas: la primera, la pacífica, era recurrir a organismos internacionales; más concretamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (aunque no sé si hay jurisprudencia con respecto a La Corte tratando algo de urgencia y resolviéndolo rápidamente. Tampoco sé si se puede plantear la acción antes de agotar todas las vías internas; creo que en el tratado hay una cláusula que habilita esta opción, pero no estoy seguro), o ir directamente a la ONU. Esta opción no era muy efectiva; por varias cuestiones: el tiempo que requeriría un procedimiento ante estos órganos, la competencia de La Corte, el proceso previo ante La Comisión, y sobre todo porque el Derecho Internacional Público tiene ciertos límites, el principal de ellos se llama Soberanía Estatal. El Derecho Internacional Público roza lo político, y eso hace que los Estados aún sean reacios a tomar ciertas decisiones que, aunque sean jurídicamente correctas, puede que políticamente no lo sean, lo cual puede desencadenar consecuencias nefastas. Es un tema muy delicado.

La segunda opción que teníamos, según lo que concluí en aquel artículo, era salir a las calles a ejercer nuestra soberanía, la cual según la Constitución Nacional reside en el pueblo, y según la misma, estamos legitimados a defenderla por todos los medios cuando esta es avasallada (C.N. Art. 138). El Dr. Bonifacio Ríos Ávalos nos decía unos meses después (ya en marzo) que cuando cae el Estado de Derecho volvemos a un estado primitivo, a la barbarie, y por ende quedan legitimados muchos actos (un par de horas después de que el dr. Ríos Avalos nos decía esto, estábamos viendo en directo por la TV cómo se incendiaba el edificio del Congreso Nacional. Parece una película, pero no, es Paraguay y a veces en este país la realidad supera a la ficción).

El punto es que, ese diciembre de 2016, concluí que nuestra mejor opción ante el posible atropello a la Constitución Nacional era salir a las calles y resistir. Sinceramente, yo sabía que los oficialistas iban a dar el golpe, estaban dispuestos a todo. El periodista Enrique Vargas Peña, en la misma tesitura advertía lo mismo todos los días y lo trataban de loco. Pero lo que no esperé fue la respuesta de la gente: en marzo estaban quemando la sede del Congreso Nacional.

Corrían los últimos días del mes de marzo, un valiente Eduardo Petta, en aquel entonces vicepresidente primero del Senado, se quedaba a dormir en el recinto de la Cámara Alta porque había rumores de que iban a dar un atropello a la Constitución Nacional. Al principio parecía un circo.

Más adelante, en las inmediaciones del Congreso se empezaron a ver tanques, y muchos militares custodiando el recinto, unos desconocidos armados fueron vistos dentro de una de las cámaras, los oficialistas intentaban sesionar de manera clandestina. La cosa se empezaba a poner más seria.

Pero el clímax estalló el 28 de marzo, comenzando una de las crisis políticas más graves que vivió el Paraguay en la presente década; ese día el senador Julio César Velázquez, vicepresidente segundo, se declara presidente del Senado, en presencia del senador Robert Acevedo, quien hasta ese momento tenía tal cargo, y del vicepresidente primero Eduardo Petta. Sesionaron de manera ilegal y aprobaron la modificación del reglamento interno del Senado.

Con un Senado oficial y otro paralelo, corrían las 15:00 horas del 31 de marzo, cuando un grupo de 25 senadores congregados en la oficina de la bancada del Frente Guasú, aprobaba el proyecto de Enmienda Constitucional en una sesión ilegal para favorecer las ansias reeleccionarias de Horacio Cartes. El golpe parlamentario fue posible gracias a que modificaron ilegalmente tres artículos del reglamento de la Cámara Alta, disminuyendo las mayorías necesarias, dando así entrada sobre tablas al proyecto de Enmienda Constitucional y aprobándolo luego. Era la única manera, lo dije meses atrás.

Recién veinte días después, con un congreso incendiado, una vida perdida, y una profunda división, Cartes da el paso al costado a su pretensión reeleccionista, y su futuro político sería sepultado en las urnas en diciembre de ese año, por la vía democrática, esa que tanto se esmeró en pisotear.

Hace tiempo que quería escribir este artículo, pero por falta de tiempo no podía hacerlo. Todos los artículos en donde analicé la cuestión y predije el escenario que se vino meses después, con sus fechas respectivas, lo van a encontrar en el blog.

Las otras opciones que barajé en aquel momento como posible alternativa para resolver la cuestión de la Enmienda ilegal también fueron impulsadas por los senadores que defendían la Constitución Nacional; iniciaron una acción ante la CIDH, y presentaron una Acción de Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Sobre esta acción de inconstitucionalidad me propongo hablar en el siguiente artículo, el cual vendrá en la medida de mi tiempo. Mientras tanto, como dijo una vez el Dr. Jorge Vasconcellos, disfrutemos de “ese librito llamado Constitución Nacional, que para algo ha de servir”. Sí, para mantener y defender el Estado de Derecho.